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Amnistías: más allá de la locura

Daniela Malpica Neri

Por Daniela Malpica Neri· Marzo 16, 2018

Este 2 de diciembre, Andrés Manuel López Obrador declaró que “No es posible que siga este régimen de corrupción e impunidad. Vamos a empezar desde arriba para abajo. Vamos a hacer todo lo que se pueda para que logremos la paz en el país. Que no haya violencia… Si es necesario… vamos a convocar a un diálogo para que se otorgue amnistía, siempre y cuando se cuente con el apoyo de las víctimas, los familiares de las víctimas. No descartamos el perdón”.1

La respuesta a estas declaraciones no se hizo esperar entre actores políticos y sociedad en general. La gran mayoría condenó sin siquiera considerar negociar con los cárteles, a quienes atribuyen los problemas de inseguridad que se viven en toda la República –como si todos éstos fueran consecuencia de los cárteles y tuvieran la misma intensidad en todos los estados. La aspirante a candidata independiente Margarita Zavala expresó que “AMLO quiere amnistía para corruptos y criminales. Su propuesta es un país de impunidad. Yo quiero un México donde se respete la Ley y los delincuentes estén en la cárcel.”2 Posteriormente enfatizó que Meade y AMLO “ya dijeron que perdonan la corrupción y el narcotráfico” y que en su gobierno hará “una cárcel especial para los corruptos y criminales porque son los que más dañado a nuestro país.”3

Por su parte, José Antonio Meade señaló que la idea de las amnistías en un proceso de paz “es un planteamiento que niega de facto, de entrada, un proceso de justicia… plantear la denegación de justicia como principio de política pública es un error”.4 Añadió, que “para detener este fenómeno de violencia, es necesario reconocer algunos elementos que está dentro de ella como las armas”.5

Miguel Ángel Mancera afirmó que “si tu planteas una amnistía en este sentido pues estás aceptando prácticamente un narcoestado y eso no se puede hacer. La amnistía quiere decir una ley del olvido, una ley del perdón y la verdad es que la ley que sanciona las conductas relacionadas con el narcotráfico no puede hacer distinciones en materia de los capos, tendrías que hacer prácticamente una transformación legislativa y que dejara de ser delito”.6 Por último, Ricardo Anaya califico la idea de una amnistía como “el planteamiento de López Obrador de perdonar a los narcotraficantes es otra más de sus locuras… Y además es una idea vieja y mala”.7

Pues bien, no podemos hablar de amnistías sin antes comprender qué son y cuándo es que éstas son aplicadas. Para ello, debemos comenzar por entender que se llevan utilizando desde hace siglos como un método efectivo para solucionar conflictos. En los últimos 30 años, sobre todo en países de América Latina, África y el sudeste de Asia, las amnistías se han aplicado para coadyuvar a solucionar a sociedades que se encontraban en conflicto.

Ante esto, surgió en el derecho internacional de los derechos humanos la justicia transicional, la cual tiene entre sus objetivos auxiliar a las sociedades a lidiar con un pasado atroz hacia un futuro en paz, democrático y en donde impere el estado de Derecho a través de la investigación de los responsables, la justicia y la reconciliación. La justicia transicional tradicionalmente se ha aplicado a sociedades que están o se encuentran transicionando de una situación de conflicto o de una dictadura, y donde han ocurrido violaciones masivas a los derechos humanos.

La Justicia Transicional tiene cuatro pilares: la verdad, la justicia, la reparación y las medidas de no repetición. Para cumplir con su objetivo y alcanzar sus pilares, cuenta con 4 tipos de mecanismos:

1. Para acceder a la verdad, se han implementado comisiones de la verdad o comisiones de investigación (nacionales, internacionales o mixtas) con la finalidad de que la sociedad en general –pero sobre todo las víctimas de las violaciones masivas a derechos humanos– conozcan la verdad de los hechos;

2. En el caso del acceso a la justicia, se han establecido tribunales ad hoc (nacionales e internacionales) y la Corte Penal Internacional, en muchos de los cuales han existido métodos alternativos de solución de controversias, métodos tradicionales e informales para llegar a la justicia. Es importante señalar que se aplica una estrategia de priorización de los responsables en las cadenas de mando (tanto de autoridades como de grupos armados o cárteles en este caso);

3. En cuanto a reparaciones se han implementado programas de reparaciones masivas para las víctimas. Al igual que en los tribunales ad hoc, se puede seguir una estrategia de priorización con las mismas víctimas ante la escasez de recursos, y

4. Para garantizar la no repetición de las atrocidades y violaciones masivas a derechos humanos se requiere de transformaciones institucionales, sociales, educativas, culturales, incluyendo la depuración y de las instituciones de los responsables de las violaciones graves a los derechos humanos, el fortalecimiento de las instituciones judiciales, legislativas y de seguridad.

Ahora bien, ¿qué son las amnistías? La Organización de las Naciones Unidas, a través de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos,8 las define como medidas jurídicas que impiden el enjuiciamiento penal y, en algunos casos, las acciones civiles contra ciertas personas o categorías de personas con respecto a una conducta criminal específica cometida antes de la aprobación de la amnistía o la anulación retrospectiva de la responsabilidad jurídica anteriormente determinada (por ejemplo presos políticos bajo cargos de traición).

Asimismo, algunas de sus características son que la amnistía se limita a ciertas conductas acontecidas durante un periodo de tiempo determinado y para un grupo determinado de personas (por ejemplo, el no enjuiciamiento de las autodefensas en Michoacán por portación de armas exclusivas del ejército durante el conflicto y hasta la fecha en que terminó el periodo de registro de armas, posteriormente se persiguió el delito de nuevo). Y, en muchas ocasiones, las amnistías son condicionales, esto es, para que surtan efecto se requiere cumplir con algún requisito. En casos de violaciones graves a derechos humanos, se han reducido condenas a cambio de información sobre el paradero de personas o testimonios sobre la responsabilidad de otras personas en los hechos. Lo anterior, acerca a las partes a la justicia y a las víctimas y sus familiares a conocer la verdad.

Es importante destacar que tanto para el derecho internacional de los derechos humanos, dentro del sistema universal como en el sistema interamericano, están prohibidas las amnistías por:

1. Crímenes de guerra,

2. Genocidio,

3. Crímenes de lesa humanidad: asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, encarcelación y otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional, tortura, violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable, la persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género o otros, desaparición forzada de personas, el crimen de apartheid, otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud.9

4. Violaciones graves de derechos humanos, incluidos los delitos que afecten concretamente a la mujer y la violencia de género, interfieran con el derecho de las víctimas a un recurso efectivo, a conocer la verdad y a obtener una reparación.

Esto significa que la mayoría de los delitos que más han lastimado a sus víctimas y a nuestra sociedad se encuentran protegidos por el derecho internacional contra las amnistías. Existe jurisprudencia tanto en la Corte Penal Internacional como en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que han declarado como inadmisibles dichas medidas.

No obstante, si se consideran barreras contra la impunidad cuando los Estados no inician juicios penales contra los responsables de violaciones de derechos humanos incluso cuando sus propias leyes no constituyen una barrera para el castigo (como no tener tipificados delitos específicos); o no suministran a las fiscalías y policías con los recursos económicos, técnicos y humanos para lograr la convicción de los responsables. Ambas situaciones suceden en México.

Por último, debemos recordar que el proceso de reconciliación y establecimiento de paz, auxiliado de la Justicia Transicional y sus mecanismos, serían un maratón para la ciudadanía. Son procesos que pueden llegar a durar décadas y requieren del trabajo conjunto entre sociedad y gobierno, y dependen del contexto social y político, el cual va a ir cambiando y facilitando con los años la persecución y enjuiciamiento de los responsables. Exigen de toda la sociedad el reconocimiento de que le hemos fallado a las víctimas los últimos 12 años, y que muchas personas ocuparan papel de víctima y victimario al mismo tiempo (como nuestros niños sicario y grupos de autodefensa, entre otros). Asimismo, debemos tomar en cuenta a los grupos de personas que se encuentran en especial situación de vulnerabilidad, como las mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas en situación de pobreza y pobreza extrema y determinados pueblos indígenas, han sufrido de manera particular el conflicto y requerirán de una planeación con perspectiva de género e interseccional en la aplicación de los mecanismos.

México lleva enfrascado en un conflicto al que llamamos “guerra contra el narcotráfico” durante la última década, el cual ha generado miles de violaciones graves a los derechos humanos. Hablar sobre aplicar mecanismos de justicia transicional, procesos de paz y de reconciliación en México no es una locura, sino una necesidad que debería ser prioridad en la agenda política y ciudadana, y tema fundamental para los candidatos a la presidencia de nuestro país. Para ello, lo primero que debemos hacer es informarnos, asesorarnos, aceptar ayuda internacional que garantice la independencia e imparcialidad de los organismos ad hoc que busquemos implementar, y lo más importante, escuchar y potenciar la voz de las víctimas y sus necesidades – sobre todo los que nos encontramos en grandes urbes y tenemos el privilegio de no haber sufrido las más graves consecuencias del conflicto. Se lo debemos. Nos lo debemos. Comencemos a dialogar y a hablar sobre paz, justicia y reconciliación.

Daniela Malpica Neri estudió Derecho en la Universidad Iberoamericana y es maestra en Derechos Humanos por la Universidad de Essex.


1 Animal Político, ¿Amnistía a líderes de cárteles? Lo estoy analizando, para garantizar la paz, dice AMLO, consultado el 4 de diciembre de 2017.

2 Cuenta oficial de Margarita Zavala en Twitter, consultada el 5 de diciembre de 2017.

3 Cuenta oficial de Margarita Zavala en Twitter, consultada el 5 de diciembre de 2017.

4 El Universal, Amnistía al crimen. ¿Qué dicen, exactamente, AMLO, Meade, Mancera…?, consultado el 6 de diciembre de 2017.

5 Ibid.

6 Ibid.

7 Ibid.

8 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Instrumentos del Estado de Derecho para sociedades que han salido de un Conflicto: Amnistías, UN Doc. HR/PUB/09/1., 2009.

9 Artículo 7, del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Columna de opinión por:

Daniela Malpica Neri

Socia Fundadora Jusred

Licenciada en derecho por la Universidad Iberoamericana y Maestra en Derechos Humanos por la Universidad de Essex en el Reino Unido. Ha trabajo en la Secretaría de Gobernación en la entonces Unidad de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, en donde trabajó en el área contenciosa y asesorando en tema de derechos humanos a la Unidad, en especial respecto al cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.