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Mecanismos de justicia transicional para México

Daniela Malpica Neri

Por Daniela Malpica Neri· Marzo 16, 2018

Este 4 de marzo, el candidato a la presidencia de “Por México al frente”, Ricardo Anaya, denunció el uso de la Procuraduría General de la República (PGR) como arma política para sacarlo de la contienda electoral. Ante ello, amenazó al gobierno de Enrique Peña Nieto con la creación de una Comisión de la verdad con expertos internacionales y una Fiscalía autónoma para investigarlo por corrupción. Añadió que Andrés Manuel López Obrador, a diferencia de él, ya había declarado que los perdonaría.

En este contexto, AMLO había mencionado que no descartaría utilizar amnistías y que es necesario un proceso de paz para México. Sin embargo, ni él ni Anaya han explicado a la ciudadanía qué es una comisión de la verdad o una amnistía, cuál es su finalidad, en qué contexto han sido creadas y para investigar qué tipo de situaciones en específico.

Pues bien, las comisiones de la verdad y las amnistías forman parte de los mecanismos de justicia transicional. El que los candidatos no se hayan tomado la molestia de explicar qué son éstos y anunciar su intención de implementación sin concretar cuál es su visión para dichos mecanismos y sin contar con la participación de la sociedad –sobre todo de las víctimas– y sin contar con un enfoque holístico, es decir, que incluya a los demás mecanismos de justicia transicional, denota que sus propuestas son vacías, poco estudiadas y muy probablemente con fines electorales.

La justicia transicional es una rama del derecho internacional que nació por la necesidad de diversas sociedades de llevar a cabo una transición para salir de una situación de conflicto armado (internacional o interno), o de un régimen dictatorial y en donde han ocurrido violaciones graves y masivas a los derechos humanos. Ésta tiene cuatro pilares centrales: 1. Verdad; 2. Justicia; 3. Reparación a las víctimas, y 4. Garantías de no repetición/reformas institucionales.

Cada uno de los pilares cuenta con mecanismos para poder realizarlos. De este modo, para llegar a la verdad de los hechos, encontrar a los responsables y las causas de que han originado estos conflictos, se han implementado alrededor del mundo diversas comisiones de la verdad, reconciliación, de investigación e incluso contra la impunidad, como la de Guatemala. Sus objetivos han sido diversos, pero en su mayoría han sido para investigar violaciones masivas y graves a los derechos humanos, tales como la desaparición forzada de personas, tortura, ejecuciones extrajudiciales, el empleo de fuerzas de seguridad clandestina, la violencia de género en situaciones de conflicto —como la violación sexual de las mujeres— entre muchas otras, sus causas y el contexto socio-político que permitió que sucedieran.

El segundo pilar es la justicia. Para llegar a ella, se cuenta con la Corte Penal Internacional para la investigación de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, así como el establecimiento de tribunales ad hoc; esto es, tribunales específicos para determinar responsabilidades penales a individuos por dichos delitos, como el Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia.

Por último, los hallazgos de las comisiones también se han investigado y perseguido con auxilio de tribunales domésticos —como el caso actual de Guatemala– y métodos de justicia tradicionales adecuados a los usos y costumbres de la región y de grupos indígenas, los que han sido utilizados para auxiliar a las víctimas a obtener justicia, como en el caso de Ruanda, en donde se utilizó el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, cortes nacionales y el sistema de justicia comunitaria tradicional conocido como “Tribunales Gacaca”.

En los mecanismos de justicia es donde se han aplicado amnistías. Las amnistías las abordamos hace unas semanas en“Amnistías: más allá de la locura”, en donde explicamos brevemente qué son y cuáles son sus limitantes.

El tercer pilar es la reparación para las víctimas. Estos mecanismos son programas de reparación especializados para atender a las necesidades específicas de las víctimas de los hechos investigados y perseguidos por los otros dos mecanismos de manera pronta, adecuada y eficiente, que cumpla con los requisitos de una reparación integral y que tengan una visión transformadora. Además, deben de ser organismos con la capacidad para atender al grueso de las víctimas. Por ejemplo, en Ruanda fueron asesinadas, durante el genocidio, 800,000 personas; otras miles más vieron dañada su integridad física o sexual, fueron desplazadas y exiliadas, entre otras. Esto implica que los mecanismos deben tener capacidad para atender a un número masivo de víctimas, deben priorizar atención de los casos e identificar necesidades específicas para cada grupo y deben obtener los fondos económicos para cubrir los costos de las reparaciones.

En México, si bien contamos con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas federal y una en cada estado, sería conveniente contar con un mecanismo específico y único encargado de la reparación de las víctimas determinadas por los demás mecanismos de justicia transicional o revisar el funcionamiento de dichas instituciones, protocolos, fondos, independencia e imparcialidad, para cumplir con la obligación de proporcionar una reparación pronta, adecuada, accesible y eficiente.

El cuarto pilar son las garantías de no repetición. Esto significa garantizar que se tomarán todas las medidas necesarias para asegurar que las violaciones a los derechos humanos no volverán a ocurrir de nuevo y prevenir el resurgimiento del conflicto. Para ello, es necesario transformar las instituciones que no lograron prevenir, frenar, atender, investigar, sancionar y reparar a las víctimas de derechos humanos. Lo anterior, porque si no lograron cumplir con su función, permanecer con instituciones que no han funcionado sería un obstáculo para que los mecanismos de justicia transicional logren el objetivo de prevenir futuras violaciones.

Un cambio institucional implicaría como mínimo revisar, modificar y transformar los sectores de justicia y seguridad (también los encargados de investigar la corrupción), pero habría que analizar a todas aquellas instituciones que juegan un factor determinante en generar las condiciones necesarias para que dichas situaciones ocurran, como el análisis de las instituciones encargadas de garantizar el acceso y ejercicio de derechos económicos, sociales y culturales, así como la participación de grupos armados, empresas y líderes religiosos o de opinión. Habría que llevar a cabo procesos de investigación para las y los servidores públicos que auxiliaron, ya sea por acción u omisión, a que dichas violaciones se llevaran a cabo y garantizar que serán retirados de cargos de servicio público.

Asimismo, este pilar debe ir de la mano de cambios sociales, educativos y culturales, pues para que dichas violaciones hayan sido sistémicas y generalizadas es porque se encuentra inmersas en dinámicas y factores sociales que deben de atenderse desde todos los frentes. Se debe recuperar la confianza en las instituciones, el estado de Derecho y crear una cultura de respeto a los derechos humanos. Por ejemplo, en Argentina, el informe de la Comisión se volvió una asignatura en las escuelas, creando conciencia en las generaciones más jóvenes del pasado histórico atroz y promover un futuro para la paz y con ejercicio pleno de derechos para todas las personas.

Es importante resaltar que estos mecanismos deben de atenderse de manera holística; es decir, que se deben de aplicar los cuatro juntos, no solo una comisión de la verdad o solo amnistías, como los candidatos han propuesto.

Hacer esto crearía mecanismos que por sí solos pueden ser demasiado débiles para generar el cambio y lograr la reconciliación que necesita México. Al sólo activar uno o dos de los mecanismos, es que se caen en los falsos debates sobre justicia o verdad, cuando en realidad deben ir de la mano con la reparación de las víctimas y las garantías de no repetición. Al respecto, el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición y el Secretario General de las Naciones Unidas, han manifestado que cuando sea necesaria la aplicación de mecanismos de justicia transicional “las estrategias deben ser holísticas y prestar una atención integrada a los procesos, las indemnizaciones, la búsqueda de la verdad, la reforma institucional, la investigación de antecedentes y las destituciones [de servidores públicos] o una combinación adecuada de los elementos anteriores”.

Por ello, es grave que los candidatos jueguen con decir que instaurarán alguno de estos mecanismos sin que sea parte seria de sus propuestas para gobernar el país. Debemos tomar en cuenta que estos mecanismos bien podrían ser de las pocas opciones viables que tenemos para salir de la profunda crisis de violaciones a derechos humanos, seguridad y pérdida del estado de derecho en el que nos encontramos.

Es aún peor, que los utilicen a modo como arma política. Una comisión de la verdad que sólo investigue la corrupción del gobierno saliente es insuficiente para atender las graves violaciones a derechos humanos, la situación de conflicto de los últimos 12 años y la investigación de actos de corrupción, la cual debe ser pareja para todas las administraciones –federal y estatales– ante las múltiples acusaciones y debido a las exorbitantes cantidades de dinero robado a la ciudadanía.

Aunado a lo anterior, es insensible proponer que solo investiguen actos de corrupción cuando tenemos una profunda crisis de derechos humanos, como las más de 34,000 personas desaparecidas en los últimos 12 años, misma que fue reconocida en fechas recientes por el ministro de la Suprema Corte Arturo Zaldívar.

Sólo para contrastar, la Comisión argentina sobre personas desaparecidas determinó que son 8,960 personas desaparecidas, mientras que diversas organizaciones no gubernamentales determinaron podrían acercarse a 30,000. La Comisión de Verdad y Reconciliación de Chile encontró 3,400 víctimas de diversas violaciones graves a derechos humanos.1

Por ello es necesario que, cuando hablemos de amnistías o comisiones de la verdad, hablemos de todo lo que implican, y no las utilicemos sólo como propuestas de campaña que no se planea en verdad implementar.


Daniela Malpica Neri estudió Derecho en la Universidad Iberoamericana y es maestra en Derechos Humanos por la Universidad de Essex.

1 La Comisión de Verdad y Reconciliación chilena investigó casos de desapariciones de personas detenidas, ejecuciones, torturas con resultado muerte cometidos por agentes del Estado o personas al servicio de éstos, secuestros y atentados contra la vida de las personas ejecutados por particulares bajo pretextos políticos de acuerdo a su decreto de creación.

Columna de opinión por:

Daniela Malpica Neri

Socia Fundadora Jusred

Licenciada en derecho por la Universidad Iberoamericana y Maestra en Derechos Humanos por la Universidad de Essex en el Reino Unido. Ha trabajo en la Secretaría de Gobernación en la entonces Unidad de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, en donde trabajó en el área contenciosa y asesorando en tema de derechos humanos a la Unidad, en especial respecto al cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.