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El Papa Francisco y el proceso de paz en México: ¿Pan y circo?

Daniela Malpica Neri

Por Daniela Malpica Neri· Marzo 16, 2018

El 13 de abril, Andrés Manuel López Obrador declaró tras una reunión con obispos católicos en la sede de la Conferencia del Episcopado Mexicano dos cosas: la primera, la apertura al diálogo con iglesias cristianas, no cristianas, ministros, pastores de las iglesias evangélicas y los representantes de todas las religiones, así como con la sociedad civil, creyentes y no creyentes; y la segunda, que de ganar la presidencia el 1 de julio, invitará al Papa Francisco al proceso de paz y reconciliación en México. Añadió que el Papa ya ha estado involucrado en otros procesos de paz como las relaciones entre Cuba y EUA y el proceso de paz en Colombia. Puntualizó que la intervención del Papa puede ayudar a resolver el grave problema de inseguridad y violencia que vive el país, por lo que a partir del 1 de julio abriría un proceso de diálogo para reflexionar colectivamente sobre el problema de la inseguridad y de la violencia. Finalmente, que debemos de enfrentar las causas que desataron la inseguridad y la violencia.

Al respecto, AMLO también se ha manifestado a favor de las amnistías, las cuales forman parte de los Mecanismos de Justicia Transicional, los cuales hemos abordado aquí y aquí.

Debe destacarse que, de acuerdo con el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de las Naciones Unidas, los Mecanismos de Justicia Transicional tienen entre sus objetivos principales ofrecer reconocimiento a las víctimas, fomentar la confianza y reforzar el Estado de Derecho, prevenir la repetición de las crisis y futuras violaciones de los derechos humanos, contribuir a la construcción de la Nación, a la cohesión social y a alcanzar la reconciliación.1Recordemos que estos Mecanismos se aplican en países que sufren o han sufrido un conflicto armado (internacional o interno), una dictadura y que han sufrido violaciones graves masivas a los derechos humanos para auxiliarlos a hacer la transición a la paz y a un Estado democrático.

Como sabemos, México se encuentra en una grave crisis de derechos humanos, en donde tenemos incontables números de muertos, fosas, más de 35 mil desaparecidos, un contexto de tortura generalizada, y en el que —a pesar de llevar años sin poder encajar en la definición exacto de conflicto armado no internacional— este año aparecimos en el “Reporte de Guerra y Conflictos Armados 2017”, elaborado por la Academia de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos de Ginebra, en el cual se señala que México sí podría estar dentro del supuesto de conflicto armado no internacional, y que —a pesar de aún sigue siendo debatible si es o no es— la forma de la violencia ejercida en México no tiene precedentes, que el número total de muertos relacionados con las guerra contra las drogas desde 2006, sobrepasa las 100 mil muertes, con 23 mil tan solo en 2016, y que estos números superan el total de muertes totales de los conflictos armados mayores alrededor del mundo. Finalmente, indica que tanto la manera de operar de los cárteles mexicanos como de las instituciones de seguridad (de los tres niveles de gobierno), han tenido como víctimas a poblaciones civiles y ha incrementado dramáticamente la tortura, las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, y que existe un estimado de 311 mil víctimas de desplazamiento forzoso.

Al respecto, el Ministro de la Suprema Corte de la Nación José Ramón Cossío señaló que de seguir por este camino y una vez que entremos plenamente dentro de la categoría de conflicto armado no internacional, esto tendrá consecuencias jurídicas, tales como “la aplicación del derecho internacional humanitario, la aparición de misiones de revisión y control, la posibilidad de ser enjuiciados por los órganos a los que soberanamente nos hemos sometido”. Añadió, que “la disyuntiva es clara… o hacemos todo lo necesario y en serio para autocorregir la situación, o las mantenemos hasta propiciar el arranque de los mecanismos externos de corrección que hemos asumido”.

En este sentido, es fundamental que la totalidad de la y los candidatos a la presidencia asuman el reto y la responsabilidad de solicitar ayuda internacional y de iniciar un proceso de reconciliación liderado a través de Mecanismos de Justicia Transicional. No habría necesidad de esperar a estar dentro de la clasificación de conflicto armado para solicitar e iniciar estos procesos.

Ahora bien, ¿cuál es la importancia de la declaración que ha realizado AMLO respecto a la posibilidad de invitar al Papa Francisco a México para colaborar en un proceso paz y reconciliación? Pues que los Mecanismos de Justicia Transicional requieren contar con independencia, imparcialidad y legitimidad, entre otras características. Al referirnos a legitimidad, no solo es respecto a acomodarse a nuestro marco legal, sino a que sean reconocidos por la sociedad mexicana como instituciones que cuentan con la confianza y credibilidad de llevar a cabo su mandato y, con ello, estén en posibilidades de coaccionar los cambios sociales y culturales que requerimos para reencontrarnos como sociedad mexicana, terminar con el conflicto, repensar y modificar nuestras instituciones (¿Qué ha salido mal? Pues para llegar al lugar en el que estamos partimos de que no han funcionado adecuadamente y necesitamos saber qué si funciona, qué no y transformarlo), y con esto, asegurarnos que está situación no vuelva a suceder. Para ello, la participación de nuestros lideres sociales es fundamental —religiosos, morales, artísticos, empresariales, juveniles, indígenas, entre muchos, muchos otros— ello con la finalidad de otorgar una voz de pluralidad y confianza al proceso, y porque muchas veces éstos sí han estado donde los gobiernos han brillado por su ausencia.

Ante esto, diversos mecanismos que han sido implementados en otros países han incluido a líderes religiosos y sociales reconocidos dentro de las filas de sus mecanismos. Como ejemplo, podemos ver a la Comisión para la Verdad y Reconciliación de Sudáfrica, en dónde se designo como su presidente al Arzobispo Desmond Tutu;2 o la Comisión Nacional de personas Desaparecidas en Argentina, la cual estuvo presidida por Ernesto Sábato, reconocido escritor y activista, y entre sus filas contó con personajes como Carlos T. Gattinoni, pastor protestante y activista; René Favaloro, un cirujano que creo una fundación para asistencia médica durante el conflicto; Hilario Fernández, presidente de la Universidad de Buenos Aires; Gregorio Klimovsky, un rabino de la comunidad Judía y filósofo; Monseñor Jaime F. De Nevares, párroco de Neuquén; Eduardo Rabossi, abogado y presidente de la Asociación Argentina de Análisis Filosófico, y Magdalena Ruiz Guiñazú, periodista y quien utilizó su show para darle voz a los desaparecidos, sus familiares y exponer sus necesidades.3 Si bien los procesos de reconciliación duran décadas y sus efectos, consecuencias y luchas por reivindicación aun persisten, estas Comisiones y sus reportes —a pesar de las conocidas fallas, errores y críticas – fueron altamente aceptados y bienvenidos en ambas sociedades, y fueron pieza fundamental para lograr que en sus países dejaran un pasado violento atrás y regresar a un Estado Democrático.

En este sentido, es necesario recordar la influencia que han tenido algunos lideres sociales de la Iglesia Católica en México, quienes ante la ausencia del Estado y del apoyo e indignación ciudadana, han salido a llenar este vacío y a mediar en situaciones y lugares de extrema violencia, conflicto y a socorrer a las víctimas de muchas de las más graves crisis humanitarias que hemos enfrentado en México. Basta recordar – entre seguramente muchos– al sacerdote y activista Alejandro Solalinde, al párroco de Apatzingán, Gregorio López Jerónimo durante el conflicto entre Los Caballeros Templarios, instituciones de seguridad, y las autodefensas en Michoacán; al sacerdote Gregorio López Gorostieta, quien fue víctima de la violencia contra la que luchó en Guerrero y fue asesinado en este estado en diciembre de 2014, sin olvidar que ya son varios sacerdotes que han muerto en estas condiciones, y Fray Tomás González Castillo, quien trabaja también por a favor de las personas migrantes en Tabasco.

Por último, debemos mencionar al padre Salvador Rangel, obispo de Chilpancingo, Guerrero, quien ocupó el reflector público hace unas semanas por hacer público que lleva dialogando con narcotraficantes locales para prevenir la muerte de más personas de su Iglesia, la liberación de sacerdotes secuestrados, y ahora para pedirles unas elecciones libres. Esto, tiene relevancia si recordamos que en este periodo electoral, durante las precampañas y campañas, esto es entre el 8 de septiembre de 2017 al 8 de abril de 2018, se han presentado 173 agresiones a personas candidatas y aspirantes a puestos de elección popular en el país, y de éstas, 79 han sido asesinadas, el último el de Maribel Bajaras, candidata por el Partido Verde Ecologista en Michoacán, uno de los estados más afectados por la violencia y la guerra contra las drogas. Ante la ausencia de autoridades que garanticen la seguridad de las personas que contienden por un puesto de elección y de la ciudadanía, no sobra que los líderes sociales —religiosos o no— intenten detener la violencia y conseguir un poco de paz para sus comunidades.

Por ello, es urgente que como parte de la agenda de seguridad, justicia y desarrollo, para las próximas décadas en México se reconozca la gravedad del conflicto en el que hemos estado inmersos los últimos 12 años por la “guerra contra las drogas”, se instauré un proceso de paz y reconciliación y se atiendan las causas de origen y estructurales que nos alimentado este espiral de violencia.

La inclusión de líderes religiosos en este proceso de reconciliación perfectamente puede coexistir y respetar que somos un Estado laico. Para generar los cambios institucionales, sociales y culturales que México requiere, es una necesidad que nuestros líderes sociales se informen sobre el tema, se involucren y se sumen junto con las y los candidatos a elección popular – la totalidad, y no únicamente aquellos contendiendo a la presidencia, pues estos procesos no dependerán únicamente de ellos —a un proceso de paz y reconciliación. Ante esto, la influencia de líderes religiosos y sociales como el Papa Francisco no es meramente un coloquial —pan y circo para el pueblo— sino una necesidad reconocerlos e involucrarlos por su profundo potencial para generar un cambio social y cultural. Por ello, sí a la invitación al Papa Francisco, y sí a que se realice un proceso de paz y reconciliación en el país.

Daniela Malpica Neri estudió Derecho en la Universidad Iberoamericana y es maestra en Derechos Humanos por la Universidad de Essex. Actualmente es directora general de Justicia, Reconciliación y Derechos Humanos, A.C. (JUSRED).

1 Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, presentado ante Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, documento UN A/HRC/21/46, 9 de agosto de 2012.

2Truth and Reconciliation Commission, “The TRC Report”, consultado el 13 de abril de 2018, y South African History Online, “Tutu and his role in the Truth and Reconciliation Commission”, consultado el 13 de abril de 2018.

3Emilio Crenzel, “Argentina’s National Commission on the Disappearance of Persons: Contributions to Transitional Justice”, in The International journal of Transitional Justice, Vol. 2, 2008, 173 – 191. p. 178 – 179

Columna de opinión por:

Daniela Malpica Neri

Socia Fundadora Jusred

Licenciada en derecho por la Universidad Iberoamericana y Maestra en Derechos Humanos por la Universidad de Essex en el Reino Unido. Ha trabajo en la Secretaría de Gobernación en la entonces Unidad de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, en donde trabajó en el área contenciosa y asesorando en tema de derechos humanos a la Unidad, en especial respecto al cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.